CLÁUSULAS HIPOTECARIAS

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Las cláusulas abusivas hipotecarias en los contratos vienen sancionadas con la nulidad; si bien, la ineficacia de las mismas, precisa un pronunciamiento judicial que así lo declare.

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CLÁUSULAS HIPOTECARIAS ABUSIVAS

Los consumidores tienen derecho a ser resarcidos íntegramente de todas las consecuencias derivadas de una cláusula abusiva. Así lo establece la Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre condiciones generales de la contratación y el Texto Refundido de la Ley General para la defensa de consumidores y usuarios.

En base a esta Ley podemos solicitar en los juzgados la declaración de nulidad de aquellas cláusulas que estén en los contratos de nuestros clientes y la devolución de aquellos importes pagados en virtud de las mismas.

LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS MÁS COMUNES ACTUALMENTE SON:

Cláusula suelo/techo. Imponen un límite mínimo de intereses a cobrar aunque el euríbor cayese en picado.
Los gastos hipotecarios. Ya están dando mucho que hablar. El Supremo se ha pronunciado al respecto y muchos juzgados han dado la razón a los usuarios que los reclaman razonadamente. No es justo que sea el banco el que obliga a contratar servicios de gestoría, notaría y de registro de la propiedad mientras el coste lo asume por completo el cliente. Algo similar ocurre con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, aunque en este caso, la doctrina está menos clara.

El interés de demora. Entre las cláusulas comunes que mantienen las hipotecas está la relacionada con los intereses en caso de demora en el pago de la cuota. Pese a que se regularon en 2013, para evitar abusos, el Tribunal Supremo se pronunció al respecto en 2016 declarando que no puede superar en dos puntos el interés inicialmente pactado.
Vencimiento de préstamo anticipado. En 2013 se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hasta entonces, el impago de una única cuota, suponía que el banco podía reclamar la ejecución hipotecaria.
Los gastos de profesionales legales por impago de cuotas. Otra de las cláusulas abusivas estrellas de la banca española es la de obligar al cliente al pago de los honorarios de abogados y procuradores (u otros profesionales), en caso de que la entidad bancaria te deba demandar por impago de cuota.

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